FGV desguaza el metro del accidente con permiso de la jueza pero con dos recursos pendientes
Un abogado había recurrido la autorización para desmontar el tren y el Constitucional no se ha pronunciado.
L. Ballester Beneyto, ValenciaFerrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha iniciado el desguace de la unidad de tren articulado (UTA), identificada con el número 3736, en la que murieron 43 personas el 3 de julio de 2006. El convoy que descarriló en la curva de la estación de Jesús permanecía precintado y custodiado por la misma empresa en sus instalaciones de Valencia Sud, desde el día siguiente del accidente, envuelta en una lona azul, pero accesible a cualquier trabajador, según denunciaron los sindicatos. Los trabajos de desguace se realizan con permiso de la titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, responsable de investigar el accidente y que ha archivado en dos ocasiones la causa. La jueza dictó una providencia el pasado 1 de julio en la que acordaba "autorizar el desprecinto de los vagones del tren siniestrado el pasado 3-7-06, objeto de las presentes diligencias, por Ferrocarrils de la Generalitat dándole el destino que estime oportuno". De nuevo una coincidencia macabra: el 3 de julio se cumplía el segundo aniversario del accidente del metro y el 4 de julio se recibía la providencia que permitía desmontar el tren de la muerte. La jueza Nieves Molina autorizó el desguace porque así lo solicitó la abogada de la Generalitat el 12 de junio (un mes después de que la Audiencia archivara definitivamente la investigación, el pasado 8 de mayo). No obstante, la decisión de autorizar el desmantelamiento del tren era recurrible (se podía interponer un recurso de reforma) en un plazo de tres días. Y así lo hizo un letrado que representa a una de las familias de víctimas y que solicitó que no se despiezara la UTA 3736, ya que aún está pendiente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Esta petición se presentó el 8 de julio, un día después de ser notificada, pero hasta el 21 de julio el letrado no tuvo noticias del juzgado de instrucción número 21 para que presentara"más copias" que entregar a las partes, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia. Las copias se entregaron ayer mismo. Pero mientras la procuradora debía dirigirse a entregar los duplicados del recurso en el juzgado, la noticia de que FGV ya había comenzado a desguazar el tren corría como la pólvora entre las familias de las víctimas. Un incidente que ha sido "la puntilla, la culminación final de cómo nos hemos sentido tratados durante todo este tiempo por la jueza y la fiscal, que se supone que nos representaba, que siempre han barrido hacia la parte que ha defendido que la culpa es del conductor y que no hay nada que investigar", aseguró ayer el presidente de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, Enric Chulio. "Aunque la decisión sea legal es un escándalo. Siempre hemos pedido que se investigue en profundidad, porque las únicas pesquisas fiables fueron las de la policía, que no pudo ni ratificar sus conclusiones ante la jueza, pero con esta decisión de permitir la destrucción de las pruebas es la culminación de la negativa a investigar y de la complicidad entre determinadas partes para destruir las pruebas, lo que demuestra la catadura moral y la falta de respeto total de la jueza hacia las víctimas del accidente del metro".Fuentes de FGV aseguraron ayer desconocer que se hubiera interpuesto algún recurso. Y que el desguace de la UTA 3736 se debía a la necesidad de "seguir los trámites, una vez cerradas las investigaciones y solicitados los permisos correspondientes". El mismo letrado que recurrió el desmantelamiento de la UTA solicitó ayer la inmediata paralización.
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