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La Audiencia rechaza investigar los detalles del accidente de metro que pedían las familias
Diecisiete afectados habían recurrido el auto de reapertura para que la jueza indagara más el peor accidente.
Los afectados no se dan por satisfechos y agotarán todas las vías. Comunitat Valenciana
L. B. B., Valencia La sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado la petición de diecisiete familiares y víctimas del accidente del metro de Jesús para que la jueza ampliara las diligencias de investigación del siniestro en el que fallecieron 43 personas y 47 resultaron heridas. Diecisiete familiares y víctimas habían recurrido la reapertura de la investigación que la jueza Nieves Molina, titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, adoptó en junio apenas tres meses después de archivar la causa. Los afectados solicitaban a la Audiencia que ampliara el foco de la investigación que dirige la jueza. Pretendían que se eliminaran algunas lagunas en el informe pericial sobre el accidente, que éste se ampliara, que se profundizara en la revisión del tren siniestrado o que se aclararan contradicciones entre los informes del perito y la policía científica. O, incluso, algo tan elemental como que estos últimos agentes ratifiquen sus conclusiones ante la jueza. Todas estas pretensiones han sido rechazadas ahora por la Audiencia Provincial en una auto del que ha sido ponente el magistrado Jesús Maria Huerta Garicano, y que suscriben Pedro Castellanos Rausell (presidente de la sección primera y también de la Audiencia Provincial) y la magistrada Maria José Julia Igual. Los tres jueces consideran «innecesario, desde el aspecto penal, practicar las diligencias propuestas» para revisar piezas del tren accidentado, o «la ampliación de periciales sobre señalización planteando diversas hipótesis en función de distintas velocidades, nuevas inspecciones de la cabina, métodos operacionales de gestión del tráfico ferroviario, velocidad, distancia, mantenimiento... Toda vez que vienen a incidir sobre cuestiones ya resueltas o innecesarias o irrelevantes». También dan por buena la pericial del perito judicial, Andrés Cortabitarte, basada en los informes facilitados por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), en la que no se detectó ningún fallo o problema de mantenimiento. Cabe recordar a este respecto que durante toda la instrucción no se ha incorporado a la causa el historial de descarrilamientos del tren accidentado ya que, según FGV, el convoy nunca había sufrido este tipo de problemas. No obstante, Levante-EMV ha publicado reiteradamente una imagen del tren accidentado en Jesús (la UTA 3736) cuando descarriló en un trayecto a Picassent. Los tres magistrados también resaltan que «no resulta correcto y no es propio de la instrucción penal practicar diligencias sobre la base de que el maquinista del convoy sufriera algún problema físico o cualquier otra indisposición cuando no existe dato alguno que avale esa posibilidad». Por último, en relación a las medidas de seguridad los magistrados consideran que deben enjuiciarse como si no hubiera sucedido el accidente. «Deben valorarse con criterios ex ante, por obligaciones contraídas antes de que sucediera nada, y no ex post o como conclusión del siniestro».
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