Levante-EMV 20 de diciembre de 2007
Por segunda vez en nueve meses, la titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, ha archivado la causa abierta por el accidente del metro, que causó 43 muertos al descarrilar un tren de la Línea 1 el 3 de julio de 2006.
R. Laguna/L. Ballester, ValenciaEn su auto de archivo, la magistrada insiste en que la muerte del conductor extinguió la responsabilidad penal y procede el cierre de este procedimiento penal «por ser otra la responsabilidad en la que puede haber incurrido la Administración». La fiscal del caso, Asunción Calvo, también ha solicitado el archivo de las investigaciones. La jueza analiza una por una las únicas cuatro diligencias que ha accedido a practicar (de las 36 solicitadas por las partes). Y de nuevo concluye que «el elemento determinante del descarrilamiento fue la velocidad en la circulación». A continuación, añade que «los elementos de seguridad que existían en la vía funcionaron correctamente, sin que conste la infracción de ninguna norma objetiva de cuidado, tanto en materia laboral como de seguridad, dentro del ámbito del tráfico ferroviario». Esta es una de las razones por las que deniega otras diligencias pedidas por las acusaciones particulares para que llamara a declarar «en calidad de testigos» a los responsables de FGV que «autorizaron y ordenaron las reprogramaciones llevadas a cabo en septiembre de 2006», a pesar de que solicitó a la policía que fueran «identificados». También deniega «la remisión de las peticiones formuladas desde el año 99 por los sindicatos solicitando que se instalasen balizas para proteger las curvas». El auto justifica que las anteriores diligencias ya se rechazaron en junio pasado y explica que, «el hecho de que tras el accidente se hayan reforzado las medidas de seguridad que existían (...) no puede conllevar necesariamente que deba exigirse responsabilidad en la vía penal a los trabajadores de la Administración ferroviaria que en dichas fechas ostentasen cargos relacionados con la seguridad». En este sentido, la juez explica que no ve necesario que declaren los técnicos de seguridad, al considerar como normal que ésta se refuerce tras el accidente, así como que los sindicatos pidieran durante siete años que se instalasen más balizas. La magistrada deniega otras periciales aportadas por un letrado, porque son de un «ingeniero técnico de navegación y circulación aéreas».Respecto a la prueba del perito judicial Andrés Cortabitarte, que volvió a ser interrogado por las partes hace dos semanas, afirma que «despejó cualquier duda en orden a dejar claro que la programación de la baliza 1680 cumplía con la finalidad para la cual se colocó y que no existía ningún indicio de que ese día no hubiese funcionado correctamente». Respecto a si esta baliza «podría haber sido programada para reducir la velocidad a 60 km/h, en vez de los 80 km/h», la magistrada recuerda la declaración del perito, que «tal vez dicha programación hubiese evitado el descarrilamiento, si bien no llegando a asegurarlo con rotundidad» ya que sólo podría haber actuado cuando el tren hubiera alcanzado los 70 km/h y a los «65 km/h» ya volcaba.
R. Laguna/L. Ballester, ValenciaEn su auto de archivo, la magistrada insiste en que la muerte del conductor extinguió la responsabilidad penal y procede el cierre de este procedimiento penal «por ser otra la responsabilidad en la que puede haber incurrido la Administración». La fiscal del caso, Asunción Calvo, también ha solicitado el archivo de las investigaciones. La jueza analiza una por una las únicas cuatro diligencias que ha accedido a practicar (de las 36 solicitadas por las partes). Y de nuevo concluye que «el elemento determinante del descarrilamiento fue la velocidad en la circulación». A continuación, añade que «los elementos de seguridad que existían en la vía funcionaron correctamente, sin que conste la infracción de ninguna norma objetiva de cuidado, tanto en materia laboral como de seguridad, dentro del ámbito del tráfico ferroviario». Esta es una de las razones por las que deniega otras diligencias pedidas por las acusaciones particulares para que llamara a declarar «en calidad de testigos» a los responsables de FGV que «autorizaron y ordenaron las reprogramaciones llevadas a cabo en septiembre de 2006», a pesar de que solicitó a la policía que fueran «identificados». También deniega «la remisión de las peticiones formuladas desde el año 99 por los sindicatos solicitando que se instalasen balizas para proteger las curvas». El auto justifica que las anteriores diligencias ya se rechazaron en junio pasado y explica que, «el hecho de que tras el accidente se hayan reforzado las medidas de seguridad que existían (...) no puede conllevar necesariamente que deba exigirse responsabilidad en la vía penal a los trabajadores de la Administración ferroviaria que en dichas fechas ostentasen cargos relacionados con la seguridad». En este sentido, la juez explica que no ve necesario que declaren los técnicos de seguridad, al considerar como normal que ésta se refuerce tras el accidente, así como que los sindicatos pidieran durante siete años que se instalasen más balizas. La magistrada deniega otras periciales aportadas por un letrado, porque son de un «ingeniero técnico de navegación y circulación aéreas».Respecto a la prueba del perito judicial Andrés Cortabitarte, que volvió a ser interrogado por las partes hace dos semanas, afirma que «despejó cualquier duda en orden a dejar claro que la programación de la baliza 1680 cumplía con la finalidad para la cual se colocó y que no existía ningún indicio de que ese día no hubiese funcionado correctamente». Respecto a si esta baliza «podría haber sido programada para reducir la velocidad a 60 km/h, en vez de los 80 km/h», la magistrada recuerda la declaración del perito, que «tal vez dicha programación hubiese evitado el descarrilamiento, si bien no llegando a asegurarlo con rotundidad» ya que sólo podría haber actuado cuando el tren hubiera alcanzado los 70 km/h y a los «65 km/h» ya volcaba.
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