El mes de Mayo marcará
un antes y un después en la instrucción judicial.
Por fin,
después de 8 años, la jueza ha introducido en la investigación, la
responsabilidad de la empresa por la falta de medidas de seguridad en la Línea
1, que permitieron al convoy descarrilar.
Aunque haya
sido por imposición de la Audiencia Provincial, ya que ella no ve ninguna
relación, pero no tiene más remedio que
cumplir el mandado de las instancias superiores, e imputar a los directivos de
FGV directamente relacionados con la programación y colocación de las balizas,
al considerar que pueden ser responsables penalmente a título de imprudencia, de
la muerte de 43 personas y lesiones de otras 47.
Los 3
imputados, de momento, son Vicente Contreras, Director de Explotación, Francisco
García, Director Técnico, y Francisco García, Jefe de la Diec, por su error de
programación y planificación de las balizas, que fue determinante en el
descarrilamiento y vuelo.
Este giro en la investigación, es sin duda,
una muy buena noticia, pero todavía queda mucho por hacer.
La instrucción debe
seguir depurando responsabilidades, pasando por el Director de Operaciones,
Manuel Sansano y por el Jefe de la Línea 1, Sebastián Argente, hasta llegar a
su máximo exponente en la figura de Marisa Gracia, directora gerente en el
momento del accidente.
Por si esto no
fuera poco, la instrucción judicial sigue sacando a la luz las irregularidades
de la investigación.
Ya se había
desvelado que con una baliza bien programada, se hubiese evitado el accidente,
así como que MetroValencia mintió al perito judicial diciendo que el vagón
siniestrado, no había descarrilado antes, con el único fin de evitar que se
pudiese relacionar el accidente con posibles fallos estructurales del vagón, y
ahora hemos conocido otra muestra de cómo Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana, manipuló la investigación del accidente de metro ocurrido en 2006.
Siguiendo con las recomendaciones impuestas por la Audiencia
Provincial, Nieves Molina ha requerido al fabricante de la caja negra sobre el
borrado de datos, y la contestación ha sido clara: LOS DATOS NO SE BORRAN SOLOS, HAY QUE BORRARLOS ADREDE.
Esto demuestra que Luis Domingo Alepuz, que era Jefe de Taller de
Valencia Sud,
MINTIÓ A LA JUEZA EN
2006, Y SIGUE MINTIENDO EN 2014.
Sr. Fabra,
¿piensa hacer algo al respecto? ¿O va a mirar hacia otro lado como hizo con las
mentiras de la Comisión Parlamentaria? ¿No es suficiente burla hacia el dolor
de las víctimas?
Este es un buen momento para
actuar con dignidad.
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