Concentración de las víctimas del metro en Valencia. BIEL ALIÑO
El auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia (PINCHA PARA VER EL AUTO COMPLETO) que ordena una nueva investigación sobras las causas y los posibles responsables del descarrilamiento de un convoy que provocó 43 muertos y 47 heridos es todo un ejercicio de humanidad. Una lección ética de cómo la Justicia debe ponerse del lado de la verdad, del indefenso, de quien se enfrenta a cara descubierta a un poder político incapaz de dar una respuesta digna y satisfactoria ante el sufrimiento y el dolor de quienes buscan respuestas.
En apenas nueve folios, los tres jueces -José María Tomás y Tío, Juan Beneyto Mengó y María Dolores Hernández Rueda- no sólo presentan una enmienda a la totalidad de la investigación que realizó la juez de instrucción, Nieves Molina, sino que sitúan a la Generalitat ante la realidad de su inhumano comportamiento ante el sufrimiento y el luto.
La Audiencia exige «agotar la investigación», «buscar la verdad», no dejar «el más mínimo resquicio de duda» sobre los posibles responsables, «excluyendo o marginando cualquier tipo de rencillas, conflictos o discordias entre instituciones y buscando exclusivamente la razonable satisfacción de todos los intereses».
Claramente, los jueces apuntan a la magistrada instructora, a la que reprenden por no haber investigado lo suficiente, pero también a los políticos, que se han vuelto a situar en polos opuestos: el Gobierno de Fabra, temeroso, a la defensiva, y la oposición, envalentonada, tratando de exprimir la memoria de las víctimas.
Alberto Fabra tuvo el acierto de recibir en el Palau de la Generalitat a los familiares de las víctimas del Metro en cuanto tomó posesión. Pero se equivocó después al no hacer frente a las evidencias sobre la manipulación política que hizo de la investigación el Gobierno de su antecesor, Francisco Camps, de su comisionado para las víctimas, Juan Cotino, y de las entonces directora de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Marisa Gracia.
El presidente y la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, -cuyo talante personal es muy distinto del que han demostrado en este asunto, llevados quizás por nefastos asesores- se aferraron a la dos sentencias de archivo de la juez Molina sin atender a la insatisfacción de los familiares de las víctimas y a la incuestionable evidencia de que, a partir de la publicación en EL MUNDO de las pruebas irrefutables de la manipulación de la comisión parlamentaria, sí se han conocido informes y hechos nuevos que nunca se investigaron. «Se pone de manifiesto la existencia de nuevos elementos de investigación que podrían dar lugar a nuevas sospechas y hacer útil la continuación d la instrucción» dice el auto.
Presidente y consellera se arrugaron ante el vértigo de que se pudiera conocer una verdad distinta a la que cocinó el equipo de Camps con la inestimable colaboración de una juez que, según la Audiencia, no perseveró en la indagación judicial. ¿Y si efectivamente hubo un negligente mantenimiento de los trenes? ¿Y si es verdad que se ocultaron deliberadamente descarrilamientos anteriores? ¿Seguro que nadie sabe qué pasó con el libro de averías?
Es incierto que no haya datos relevantes nuevos. Los hay y son muy evidentes. Hasta el propio técnico que actuó como perito en la instrucción inicial, Andrés Cortabitarte, admitió que nunca conoció muchas de las cosas que se han publicado. Es lógico, por tanto, que la Audiencia ordene una actualización de aquel informe.
Frente al vértigo que provoca una reapertura en canal de la investigación, la Audiencia Provincial recomienda dosis de valentía política y judicial: «No caben titubeos o vacilaciones, no hay que desfallecer en la búsqueda de la verdad para evitar una victimización secundaria de las víctimas del fatal accidente». Y lo último que se puede decir a quien sufre es que se están generando falsas expectativas. No es así.
La Generalitat también se equivocará si piensa que éste va a ser el único frente abierto respecto al accidente. El equipo de Alberto Fabra haría bien en ir trazando una respuesta política sobre el funcionamiento de las comisiones de investigación parlamentarias, una vez quedó demostrado que la del accidente del Metro fue manipulada a interés del Gobierno de Francisco Camps. El delito de perjurio ante la comisión puede haber prescrito, pero atención a que el asunto se cuele por la puerta de atrás de la Ciudad de la Justicia.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/01/22/52dfb61cca4741be7b8b456b.html
En apenas nueve folios, los tres jueces -José María Tomás y Tío, Juan Beneyto Mengó y María Dolores Hernández Rueda- no sólo presentan una enmienda a la totalidad de la investigación que realizó la juez de instrucción, Nieves Molina, sino que sitúan a la Generalitat ante la realidad de su inhumano comportamiento ante el sufrimiento y el luto.
La Audiencia exige «agotar la investigación», «buscar la verdad», no dejar «el más mínimo resquicio de duda» sobre los posibles responsables, «excluyendo o marginando cualquier tipo de rencillas, conflictos o discordias entre instituciones y buscando exclusivamente la razonable satisfacción de todos los intereses».
Claramente, los jueces apuntan a la magistrada instructora, a la que reprenden por no haber investigado lo suficiente, pero también a los políticos, que se han vuelto a situar en polos opuestos: el Gobierno de Fabra, temeroso, a la defensiva, y la oposición, envalentonada, tratando de exprimir la memoria de las víctimas.
Alberto Fabra tuvo el acierto de recibir en el Palau de la Generalitat a los familiares de las víctimas del Metro en cuanto tomó posesión. Pero se equivocó después al no hacer frente a las evidencias sobre la manipulación política que hizo de la investigación el Gobierno de su antecesor, Francisco Camps, de su comisionado para las víctimas, Juan Cotino, y de las entonces directora de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Marisa Gracia.
El presidente y la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, -cuyo talante personal es muy distinto del que han demostrado en este asunto, llevados quizás por nefastos asesores- se aferraron a la dos sentencias de archivo de la juez Molina sin atender a la insatisfacción de los familiares de las víctimas y a la incuestionable evidencia de que, a partir de la publicación en EL MUNDO de las pruebas irrefutables de la manipulación de la comisión parlamentaria, sí se han conocido informes y hechos nuevos que nunca se investigaron. «Se pone de manifiesto la existencia de nuevos elementos de investigación que podrían dar lugar a nuevas sospechas y hacer útil la continuación d la instrucción» dice el auto.
Presidente y consellera se arrugaron ante el vértigo de que se pudiera conocer una verdad distinta a la que cocinó el equipo de Camps con la inestimable colaboración de una juez que, según la Audiencia, no perseveró en la indagación judicial. ¿Y si efectivamente hubo un negligente mantenimiento de los trenes? ¿Y si es verdad que se ocultaron deliberadamente descarrilamientos anteriores? ¿Seguro que nadie sabe qué pasó con el libro de averías?
Es incierto que no haya datos relevantes nuevos. Los hay y son muy evidentes. Hasta el propio técnico que actuó como perito en la instrucción inicial, Andrés Cortabitarte, admitió que nunca conoció muchas de las cosas que se han publicado. Es lógico, por tanto, que la Audiencia ordene una actualización de aquel informe.
Frente al vértigo que provoca una reapertura en canal de la investigación, la Audiencia Provincial recomienda dosis de valentía política y judicial: «No caben titubeos o vacilaciones, no hay que desfallecer en la búsqueda de la verdad para evitar una victimización secundaria de las víctimas del fatal accidente». Y lo último que se puede decir a quien sufre es que se están generando falsas expectativas. No es así.
La Generalitat también se equivocará si piensa que éste va a ser el único frente abierto respecto al accidente. El equipo de Alberto Fabra haría bien en ir trazando una respuesta política sobre el funcionamiento de las comisiones de investigación parlamentarias, una vez quedó demostrado que la del accidente del Metro fue manipulada a interés del Gobierno de Francisco Camps. El delito de perjurio ante la comisión puede haber prescrito, pero atención a que el asunto se cuele por la puerta de atrás de la Ciudad de la Justicia.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/01/22/52dfb61cca4741be7b8b456b.html
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